El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha forjado su imagen pública como un combatiente contra la corrupción y como protector de la población, con un relato centrado en la gran cantidad de prisioneros de organizaciones criminales y en los castigos adicionales impuestos ante protestas en las cárceles. Esa narrativa le ha dado prestigio y lo ha convertido en referencia para muchos países.
No obstante, sus intervenciones públicas suelen enfocarse en su victoria frente al pandillerismo, mientras queda en un segundo plano el avance de las acciones dirigidas a lograr sentencias contra funcionarios y gobernantes anteriores por corrupción. Esa omisión adquiere relevancia porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para el progreso del país si hay quienes se lo están robando.
A partir de ahí, han empezado a circular reportajes que denuncian que Bukele estaría favoreciendo a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Los señalamientos reactivan la demanda de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y ponen bajo presión la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.