La entrada en vigor de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, junto con la Ley 97-25, sobre el nuevo Código Procesal Penal, encendió una nueva alerta institucional en el sector salud. El Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió que la combinación de ambas normas podría derivar en una criminalización excesiva del ejercicio médico, con consecuencias directas sobre la atención a los pacientes.
Luis Peña Núñez, presidente del gremio, afirmó que el nuevo marco penal puede instalar una amenaza permanente de procesos judiciales y empujar a los profesionales hacia una medicina defensiva. A su juicio, ese escenario no solo aumentaría los costos de atención, sino que también haría más difíciles las decisiones clínicas oportunas y limitaría el acceso de la población a servicios especializados, lo que vuelve a situar bajo escrutinio el impacto real de reformas legales sobre servicios esenciales.
El CMD reiteró que no respalda la impunidad, sino un equilibrio entre los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los médicos. Por ello, planteó que las controversias clínicas sin dolo, fraude o negligencia temeraria sean conocidas preferentemente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria, y reclamó garantías de debido proceso para impedir que el sistema penal sea usado como un mecanismo de presión constante contra los profesionales de la salud.