Lima, 2 jun (EFE).- La segunda vuelta presidencial en Perú, fijada para el 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, llega en medio de una fuerte polarización y de nuevas señales de alerta institucional. Las irregularidades denunciadas en la primera vuelta, el lento escrutinio y una década de crisis política han vuelto a situar en primer plano la fragilidad del sistema. En diez años, el país ha tenido ocho presidentes, una cifra que resume el desgaste acumulado y la falta de estabilidad que todavía condiciona la decisión de los votantes.
La disputa vuelve a organizarse en torno al eje fujimorismo-antifujimorismo, con Fujimori en su cuarta segunda vuelta consecutiva y con el antecedente de que ese pulso fue ganado por sus adversarios en 2011, 2016 y 2021. El escenario también replica la elección de 2021 al enfrentar a la hija de Alberto Fujimori con Sánchez, identificado con el símbolo del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Más que una mera contienda electoral, el proceso retrata a un país atrapado entre bloques enfrentados, mientras persisten las dudas sobre la calidad del arbitraje electoral y la capacidad del sistema político para ofrecer certidumbre.
A ese panorama se suma un electorado atravesado por el desencanto y la indecisión, después de años de inestabilidad y de márgenes mínimos que en las dos últimas elecciones derivaron en escrutinios prolongados. La combinación de una logística compleja, un sistema burocrático de impugnaciones y la desafección ciudadana convierte esta segunda vuelta en una prueba de vigilancia democrática, con la atención puesta no solo en quién gane, sino en si el proceso logra responder a la demanda de confianza y rendición de cuentas que dejó abierta la primera vuelta.