El Ministerio de Educación ordenó prohibir el uso de celulares en las aulas de escuelas públicas y centros educativos privados, una decisión presentada como parte de su función reguladora del sistema educativo. En el texto original, la medida aparece defendida como correcta y conveniente, pero ahora pone la atención en si la gestión podrá convertir esa disposición en mejoras reales dentro de las aulas y no dejarla solo en el plano normativo.
La propia pieza reconoce que esta prohibición venía siendo reclamada públicamente desde hace casi un año. Además, recuerda que en septiembre de 2025 ya se había planteado la necesidad de adoptar una decisión de ese tipo, al citar que más de 90 países habían avanzado en esa dirección por los efectos del uso de pantallas en niños y niñas. Ese antecedente deja ver el contraste entre el reconocimiento del problema y el tiempo que tomó actuar.
Según el texto, a principios de 2026 también hubo una reunión con el ministro Luis Miguel Decamps para insistir en la necesidad de que República Dominicana asumiera esa decisión. Con la ordenanza ya emitida, la discusión pasa de la felicitación a la rendición de cuentas: cómo se aplicará la prohibición, qué seguimiento tendrá en el sistema educativo y si la medida vendrá acompañada de resultados verificables en la calidad de la enseñanza.