El Senado examina un proyecto de ley que reformaría la ley de extinción de dominio para que al menos un 10 % de los recursos provenientes de bienes secuestrados, incautados, decomisados o extinguidos en procesos penales se oriente a políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres. La iniciativa reabre el debate sobre el destino y la prioridad de esos fondos, que actualmente pasan a la Cuenta Única del Tesoro para programas de lucha contra las drogas, reducción de la pobreza, reinserción social, investigación de ilícitos penales, protección fronteriza y mejoras en salud y transporte, además de reservar al menos un 10 % para el Incabide.
La propuesta añade un destino específico para que, como mínimo, otro 10 % sea canalizado a acciones contra la violencia de género. De acuerdo con el proyecto, esos recursos quedarían a cargo del Ministerio Público, que coordinaría su aplicación junto al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones competentes, un esquema que pone en primer plano la necesidad de supervisar la ejecución y los resultados.
Entre los usos previstos están el respaldo prioritario a casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio, así como planes en escuelas públicas para promover nuevas formas de masculinidad y cambios en patrones culturales en las relaciones entre hombres y mujeres. También incluye campañas de publicidad en redes sociales y medios, en un escenario en el que el debate legislativo vuelve a presionar a las autoridades para explicar si la distribución actual de estos recursos responde a las prioridades más urgentes de la población.