La lectura de la jueza Altagracia Ramírez en el Caso Calamar dejó una escena de marcado contraste institucional en la sala de audiencias del Distrito Nacional. Por un lado, el tribunal ordenó enviar a juicio de fondo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, junto a otras 28 personas; por el otro, dictó autos de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, un giro que cambió de inmediato el ambiente en la sala.
A partir de ese momento, la audiencia pasó de la tensión a la euforia. Castillo y Peralta reaccionaron con saltos de emoción, mientras desde el público se escuchaban consignas como “¡Gonzalo presidente! ¡Presidente Gonzalo!”, en una escena que, según el desarrollo descrito, desbordó el protocolo y convirtió por momentos el tribunal en un espacio de agitación política.
Ese episodio puso en primer plano no solo el peso del proceso penal, sino también la necesidad de mantener vigilancia sobre la respuesta institucional en un caso de alto impacto público. La combinación de solemnidad judicial, decisiones divididas y expresiones partidarias dentro de la sala volvió a situar el foco sobre la rendición de cuentas y la capacidad del sistema para tramitar expedientes de esta magnitud sin que el mensaje público quede eclipsado por la confrontación política.