Los voceros de los principales bloques partidarios en la Cámara de Diputados coincidieron en que el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe las encuestas electorales puede ser reconsiderado o revisado, en un escenario que reactiva la vigilancia sobre una disposición cuestionada por su alcance. Si bien el oficialismo pidió un “voto de confianza” para la JCE, desde la oposición se insistió en retomar el debate entre los partidos y examinar la base legal de la medida.
Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, afirmó que, aunque la Junta tiene facultad regulatoria, el tema podría volver a discutirse entre las organizaciones políticas y recordó que el reglamento nació de conversaciones previas dentro del sistema partidario. A su vez, Gustavo Sánchez, del PLD, fue más allá al poner en duda la legalidad de la disposición y advertir que un reglamento no puede reemplazar lo que establecen la ley o la Constitución, por lo que también propuso una nueva revisión.
En contraste, Amado Díaz, del PRM, defendió la institucionalidad de la JCE y señaló que cualquier decisión puede ser revisada si así lo dispone el órgano electoral. No obstante, la coincidencia entre los bloques en que la norma puede reabrirse deja sobre la mesa un debate institucional que sigue sin cerrarse y que obliga a nuevas explicaciones sobre los límites de la regulación electoral.