La resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe publicar encuestas políticas hasta julio de 2027 fue descrita por el sociólogo José del Castillo como un «desaguisado legal» y una medida «totalmente ilegal», al entender que contradice la Ley Orgánica de Régimen Electoral y coloca a la ciudadanía ante una restricción informativa de largo alcance. Su señalamiento reabre el debate sobre la necesidad de fiscalizar decisiones administrativas que, según su lectura, desbordan el marco legal vigente.
Del Castillo sostuvo que la JCE excede su potestad reglamentaria al imponer una prohibición que, de acuerdo con el artículo 216 de la Ley 20-23, solo aplica durante los ocho días previos a la votación. «La Junta que tiene potestad reglamentaria no tiene potestad legislativa… no puede contravenir abierta y flagrantemente una disposición claramente establecida en el artículo 216 de la ley que la rige a ella», afirmó. También recordó que fuera de ese plazo la legislación permite la publicación de encuestas, siempre que cumplan con los estándares técnicos.
Desde el plano constitucional, el experto advirtió que la disposición afecta la libre expresión y la difusión del pensamiento al impedir el acceso a estudios de opinión pública. «Lo que se está prohibiendo es que a la gente se le informe», sostuvo, al cuestionar una decisión que, según dijo, trata al ciudadano como alguien incapaz de procesar información fiable. El señalamiento coloca presión sobre la JCE para explicar por qué adoptó una restricción más amplia que la prevista en la ley y por qué asumió un rol que, según esta crítica, corresponde al Congreso Nacional.