La violencia machista en República Dominicana volvió a dejar en evidencia la respuesta del Estado dominicano. En lo que va de 2026, 62 mujeres han sido asesinadas por sus antiguas parejas, una cifra superior a los 59 casos contabilizados en 2025, según informó el 3 de septiembre la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. Ya el 6 de noviembre, la Fundación Vida Sin Violencia, encabezada por Yanira Fondeur, elevó el balance a 77 víctimas, mientras que otros registros extraoficiales sitúan el total en unos 80 feminicidios en once meses.
Más allá del aumento, el contraste está en el endurecimiento de las penas del nuevo Código Penal Dominicano frente a la continuidad de los crímenes. La reforma fijó sanciones de 30 y 40 años de prisión para estos delitos, sobre todo cuando concurren circunstancias como la vulnerabilidad de la víctima, la presencia de menores, el embarazo o el posparto y episodios de violencia extrema. Pese a ello, el debate público sigue atrapado en la misma interrogante: por qué los asesinatos no ceden con la nueva legislación.
Ese panorama alimenta la exigencia de supervisión sobre una política que, según el enfoque citado en el texto, debía apoyarse en la acción del Estado, la educación y la participación de toda la sociedad. Si esa fórmula «al parecer, no está funcionando», el costo social recae sobre las víctimas y sus familias, al tiempo que persisten las discrepancias entre estadísticas y continúan sumándose casos. La alerta institucional permanece abierta: más allá del discurso punitivo, siguen pendientes resultados verificables y una rendición de cuentas sobre lo que está fallando.