La República Dominicana terminará 2026 con una factura energética de US$ 5,400 millones, es decir, US$ 900 millones más de lo que el Gobierno había presupuestado al comienzo del año, de acuerdo con el Banco Central. El incremento obedece al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que disminuyó la producción de los principales exportadores del Golfo Pérsico y empujó al alza los precios del crudo. En un país que importa prácticamente el 100% del petróleo que consume, el efecto no se limita a los mercados internacionales: se convierte en presión fiscal inmediata y en un mayor costo de vida.
Ese golpe ya se deja sentir en el escenario interno. La gasolina premium continúa en RD$ 323.10 por galón, mantenida por el Gobierno en la fijación del 22 de mayo mediante un subsidio de RD$ 1,588.5 millones. A la vez, la inflación interanual subió a 5.11% en abril, por encima del límite superior de la meta del Banco Central, y el 62.9% de los dominicanos considera la situación económica mala o muy mala, según la más reciente encuesta Gallup. El resultado es un panorama en el que frenar precios requiere más gasto público, mientras los hogares siguen percibiendo el deterioro.
El propio análisis oficial del Banco Central, titulado «República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta», plantea un mercado internacional sometido a fuerte tensión por los ataques a infraestructura energética y la interrupción parcial del tránsito por el Estrecho de Ormuz. En ese marco, la nueva presión sobre combustibles, inflación y presupuesto pone bajo escrutinio la capacidad de respuesta del Gobierno frente a una economía altamente dependiente del petróleo importado y con márgenes cada vez más estrechos para absorber el impacto sin trasladarlo a la población.