Una auditoría conjunta entre la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración sacó del sistema 56,140 impedimentos de salida y alertas migratorias que no tenían respaldo legal. La revisión, realizada durante más de seis meses sobre archivos acumulados desde 1990, dejó al descubierto que miles de ciudadanos podían llegar a los aeropuertos y quedar frenados por errores administrativos, procesos ya resueltos o registros sin firma de un juez.
La medida fue ejecutada por requerimiento directo de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y dirigida al titular de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. La instrucción priorizó tres grupos de fichas: registros individualizados sin base legal, data histórica no individualizada acumulada entre 1990 y 2026, y restricciones que ya habían agotado su efecto legal. El resultado inmediato, según la información oficial, es la restitución del libre tránsito para 56,140 personas.
Más que un anuncio administrativo, la depuración coloca el foco sobre el control institucional: si la corrección fue necesaria ahora, queda expuesto que durante años operaron restricciones sin sustento judicial en una base estatal sensible. El Ministerio Público presentó el proceso como una reivindicación de derechos fundamentales, pero el hallazgo también refuerza la exigencia de vigilancia, rendición de cuentas y revisión permanente sobre los sistemas que afectan libertades básicas de la ciudadanía.