El deterioro del clima social vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta de las autoridades. Mientras aumentan los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, el propio aparato oficial refleja frustración y admite impotencia, sin que aparezca un liderazgo con acciones concretas para enfrentar una crisis que ya se expresa en violencia, inseguridad y descomposición del espacio público.
A ese cuadro se suma la arrabalización de las calles, con motoristas violentos capaces de agredir a choferes de transporte escolar lleno de niños y hechos de barbarie como el ocurrido en Santiago contra el chofer de un camión de basura. La pregunta sobre el papel de la DIGESET queda abierta en medio de una percepción de ausencia de control, mientras el país, según el texto, luce en piloto automático.
El contraste también alcanza a las instituciones. En medio de los elogios a la gestión de Luis Henry Molina y a los seis años de una justicia presentada como independiente bajo el PRM, jueces salieron a protestar para exigir reivindicaciones e indexación salarial. En ese contexto, la advertencia sobre el estancamiento de los ingresos en los estratos medios y bajos conecta el malestar económico con las llamadas “patologías de la desesperanza”: más violencia, suicidio y consumo de drogas y alcohol. El resultado es una alerta institucional y social que obliga a exigir rendición de cuentas más allá de la retórica.