Once días después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, la emergencia sigue dejando nuevas cifras y más preguntas sobre la respuesta oficial. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, informó este domingo que los fallecidos ascienden a 3.342 y los heridos a 16.740, en una actualización que confirma el impacto social de la catástrofe.
La cifra de muertos es 388 superior a la del sábado, mientras continúan las labores para recuperar cuerpos entre los escombros. El balance también recoge 6.462 personas rescatadas y 17.345 que perdieron su vivienda, lo que llevó a habilitar 79 campamentos transitorios. Además, se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados, una dimensión del daño que vuelve a evidenciar el contraste entre la magnitud real de la crisis y la información que aún llega incompleta a la población.
De acuerdo con los datos divulgados por las autoridades, 86.794 familias han sido atendidas, se han repartido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, y siguen desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad junto a 27.482 voluntarios. Pero el punto más delicado permanece sin resolver: no se actualiza la cifra de personas en paradero desconocido, pese a que se habilitó un número telefónico y una plataforma digital para reportarlas.
Esa falta de precisión oficial contrasta con la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web creada para reportar familiares no localizados y que ya registra más de 31.000 personas con las que no se ha podido establecer contacto. En una tragedia de esta escala, la sociedad civil termina cubriendo vacíos de información que deberían estar bajo seguimiento público permanente, sobre todo cuando se trata del terremoto más mortífero vivido por Venezuela en el último siglo.
Los sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más damnificada, un territorio marcado además por la tragedia del deslave de 1999. Ese antecedente refuerza la exigencia de vigilancia sobre la respuesta institucional: con miles de muertos, decenas de miles de heridos y familias desplazadas, el centro de la discusión ya no puede ser solo el parte oficial, sino las explicaciones pendientes sobre desaparecidos, atención sostenida y capacidad real de respuesta frente a una crisis de esta magnitud.