La investigación que lleva adelante el Ministerio Público en Valverde contra varios agentes de la Policía Nacional, a raíz de una denuncia por presunta agresión sexual presentada por una joven haitiana, vuelve a colocar bajo presión la capacidad real de vigilancia y control dentro de la institución, más allá del discurso oficial sobre derechos humanos y transparencia.
El director regional Noroeste de la Policía, general Ramón S. Azcona Reyes, explicó que se ordenó indagar lo ocurrido para aclarar los hechos y determinar responsabilidades. La denuncia se produjo luego de que la joven, en condición migratoria irregular, fuera detenida el pasado domingo junto a otras personas durante un operativo en el municipio de Esperanza y posteriormente relatara la presunta agresión.
La Policía también informó que los agentes que participaron en la intervención fueron citados por la Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ministerio Público para ser entrevistados y colaborar con el proceso. Añadió que la joven fue evaluada por un médico legista y que el certificado médico preliminar indica que no presenta evidencias de agresión sexual, aunque las pesquisas siguen abiertas para establecer de forma objetiva e imparcial lo ocurrido.
El hecho de que los policías involucrados hayan quedado a disposición del Ministerio Público no apaga la alerta institucional: la gravedad de la denuncia, la situación de vulnerabilidad de la detenida y la decisión de no divulgar los nombres de los agentes mantienen activas las exigencias de fiscalización pública y seguimiento de la sociedad civil. En un caso que compromete seguridad, derechos y confianza institucional, el costo social no se mide por un comunicado, sino por la capacidad del Estado de ofrecer respuestas verificables y responsabilidades claras.