La Justicia federal de Estados Unidos dejó sin efecto de manera definitiva la tarifa de US$100,000 impuesta a las solicitudes de visas H-1B, una resolución que desmonta una de las trabas más severas para contratar talento extranjero especializado. La decisión reactiva expedientes que habían quedado detenidos y alivia la presión que durante meses golpeó a trabajadores, graduados internacionales y empresas ligadas a la tecnología, la innovación y la investigación científica.
Esa medida había elevado hasta un nivel inviable el patrocinio migratorio para numerosas compañías. De acuerdo con los datos divulgados, cerca del 90 % de las pequeñas y medianas empresas cancelaron sus programas ante un costo que terminó cerrando oportunidades laborales para miles de profesionales. El efecto también alcanzó a graduados internacionales que, tras concluir sus estudios, no encontraron empleadores dispuestos a asumir el pago exigido por cada expediente.
El fallo judicial deja al descubierto el costo efectivo que esa tarifa tuvo sobre sectores estratégicos y sobre personas que vieron paralizados sus trámites migratorios y laborales. Con su eliminación, se corrige una carga que había profundizado la incertidumbre y frenado el reclutamiento especializado en áreas clave de la economía estadounidense.