La crisis en Gaza entra en su tercer año con un saldo que expone el costo social de una guerra sin alivio real para la población civil. Varias ONG denunciaron la inseguridad hídrica, alimentaria y sanitaria en la franja, donde han muerto más de 74,000 personas desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el conflicto tras el ataque de Hamás en el que murieron alrededor de 1,200 personas.
Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Acción contra el Hambre sostienen que Israel ha destruido el sistema alimentario, las estructuras sanitarias y el acceso al agua. Para Amnistía Internacional, incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, continuaron la destrucción deliberada de edificios, el desplazamiento forzado de la población y los asesinatos indiscriminados, un contraste que refuerza las alertas sobre la falta de resultados efectivos para proteger a los civiles.
La presión recae sobre una población cada vez más vulnerable. Acción contra el Hambre indicó que más de un millón de personas siguen en niveles críticos de inseguridad alimentaria y que muchas familias sobreviven con alimentos de escaso o nulo valor nutricional. A eso se suma que la inseguridad hídrica afecta al 90 % de los hogares y que la mayoría dispone de menos de seis litros de agua al día para uso doméstico, según Médicos Sin Fronteras, un cuadro que vuelve a colocar la vigilancia internacional y la rendición de cuentas en el centro de la crisis.