Venezuela anunció la demolición de 39 edificios con severos daños estructurales en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del 24 de junio, en una decisión que el oficialismo presenta como parte de un plan para “mitigar riesgos”, pero que también expone la magnitud del impacto y la presión sobre la capacidad de respuesta pública.
La estatal AVN difundió la lista oficial de las edificaciones que serán derribadas y señaló que los escombros serán trasladados al Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda para su trituración. Según esa versión, el recinto tiene ocho hectáreas y capacidad para procesar hasta 600 toneladas por hora bajo protocolos de protección ambiental para evitar que los desechos lleguen al mar. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó en una rueda de prensa del partido gobernante que el sábado hubo “demoliciones controladas de edificios marcados como de alto riesgo” y que el proceso se ha desarrollado con tecnología venezolana y expertos del país “sin ningún tipo de problema”.
La primera demolición en La Guaira se realizó el 30 de julio, de acuerdo con el Gobierno, mientras que el pasado viernes Venezuela firmó con Miyamoto International un contrato que fija en una primera fase la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros. El Ministerio de Comunicación agregó que el convenio incluye intercambio de conocimientos técnicos, fortalecimiento de estándares de construcción y protocolos avanzados de prevención de desastres. En ese contexto, la secuencia de anuncios oficiales deja abierto el reclamo de vigilancia sobre resultados concretos, en una emergencia que ya dejó al menos 6,509 muertos y 14,239 viviendas con afectaciones, según el propio texto difundido.