La presión sobre el Estado dominicano se agrava en un escenario de subsidios costosos, baja productividad y creciente desafección ciudadana, una combinación que obliga a mirar con lupa los resultados de la gestión pública. Entre enero y mayo de 2024, el gobierno destinó RD$11,125.2 millones a mitigar la inflación: RD$8,730.5 millones se dirigieron a combustibles, RD$1,210.9 millones al transporte y RD$883.7 millones a alimentos. En ese mismo lapso, además, transfirió RD$36,500 millones al sector eléctrico, luego de que en 2023 esas transferencias ascendieran a RD$84,761.2 millones, equivalentes al 57.3% de todos los subsidios para mitigar la inflación.
Ese panorama sugiere que una parte importante de esos recursos no termina convertida en mayor productividad, sino en el sostenimiento de estructuras de consumo y tarifas políticamente sensibles. También deja ver una interacción intensa entre el Estado y sectores empresariales regulados en energía y transporte: en 2023, los subsidios para mitigar inflación sumaron más de RD$147,880.8 millones, con el sector eléctrico absorbiendo la mayor porción. La distancia entre el volumen del gasto y la escasa orientación hacia innovación y productividad refuerza la alerta sobre prioridades públicas que no alivian de fondo la carga sobre los ciudadanos.
A ese costo fiscal se añade el deterioro de las capacidades productivas. En el GTCI 2023, República Dominicana obtuvo 37.51 puntos sobre 100 y ocupó la posición 89 de 134 países, además del lugar 13 en América Latina y el Caribe, con debilidades severas en producción científica y en la relevancia del sistema educativo para la economía, donde figura en las posiciones 122 y 123. En las pruebas PISA 2022, la proporción de estudiantes dominicanos en los niveles 5 y 6 es prácticamente nula. El resultado es un contraste cada vez más evidente entre el gasto que administra el gobierno dominicano y los resultados que recibe el país en educación, productividad y capacidad de crecimiento.