La admisión de que los productores dominicanos de arroz “nunca podrán competir” con los de Estados Unidos volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta del Gobierno dominicano ante un mercado marcado por subsidios masivos. La afirmación no proviene de un solo actor: la sostienen dirigentes arroceros, técnicos del cultivo, economistas agrícolas y funcionarios del Gobierno que también son productores de arroz.
El punto de quiebre lo marcó el anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que informó la distribución de US$13,800 millones para productores agrícolas correspondientes al año de cosecha 2025. Según ese organismo, los recursos se canalizan mediante los programas de cobertura de riesgo agrícola (ARC) y cobertura de pérdida de precios (PLC), con pagos aumentados tras cambios legales impulsados por la administración de Donald Trump para enfrentar inflación y pérdida de mercados.
El propio comunicado citado en la información añade que, al sumar otras ayudas extraordinarias por desastres y el seguro de cosechas, el apoyo estatal total proyectado al sector agrícola de Estados Unidos ronda los US$47,400 millones este año. Ese volumen de respaldo deja en evidencia una realidad que en República Dominicana ya reconocen incluso funcionarios ligados al arroz: sin una respuesta clara frente a esa asimetría, el discurso sobre competitividad choca con las condiciones reales del mercado y refuerza la exigencia de vigilancia sobre las decisiones oficiales que afectan a los productores locales.