En República Dominicana, los abusos sexuales evidencian un deterioro que exige una supervisión más estricta de la respuesta institucional. Datos de la Procuraduría General de la República citados en el texto señalan que en 2025 hubo un aumento de 17,9% entre 2023 y 2024 en los casos de seducción de menores y de 8,9% en incesto. Los delitos sexuales representan además 10% de las denuncias de violencia de género e intrafamiliar, con el agravante de que las cifras solo recogen los casos denunciados.
A esa realidad se suma un subregistro ligado al miedo, la dependencia económica, la presión familiar, la estigmatización social y la persistente culpabilización de las víctimas. En niños, niñas y adolescentes, esa combinación se vuelve todavía más grave por las relaciones de poder y confianza que obstaculizan las denuncias y alimentan la impunidad, en un contraste directo entre la dimensión del problema y la capacidad efectiva de protección.
Los estudios citados de UNICEF, Ministerio Público, ECPAT International, UNFPA y Vargas describen un patrón sostenido: el acoso sexual se normaliza, se minimiza y opera como antesala del abuso, mientras entre 70% y 90% de los abusos sexuales infantiles, según UNICEF, son cometidos por personas de confianza o cercanas a la víctima. Ese panorama refuerza la alerta institucional y el reclamo de la sociedad civil por fiscalización, rendición de cuentas y respuestas que dejen de trasladar la carga a las víctimas en lugar de enfrentar a los agresores.