El sepelio de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, cerró este domingo con una exigencia que desborda el duelo familiar: rendición de cuentas por una muerte ocurrida durante un operativo policial en La Cañada de Guajimía, en Herrera. La multitud que acompañó el cortejo hasta el cementerio Cristo Redentor convirtió la despedida en una señal de vigilancia ciudadana frente a un caso que ha sacudido a Santo Domingo Oeste.
Familiares, amigos, vecinos y decenas de motoristas recorrieron varias calles desde el sector donde residía la víctima hasta el camposanto, entre muestras de consternación y reclamos para que el hecho no quede impune. Lejos de cerrar el episodio, las honras fúnebres dejaron instalada una presión pública sobre las autoridades para que el proceso no se reduzca a una reacción tardía después del escándalo.
La indignación creció tras difundirse un video en el que se observa el momento en que el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia dispara contra el joven cuando este se acercaba a informar que una motocicleta requisada era de su propiedad. Esa evidencia visual colocó bajo escrutinio no solo la actuación individual del agente, sino la respuesta institucional ante un hecho que volvió a poner en cuestión los resultados reales del aparato de seguridad.
Después de la conmoción, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho como «indignante», y el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el agente, con audiencia fijada para este lunes. El presidente Luis Abinader condenó la actuación del cabo y dijo que debe recibir una sanción ejemplar, mientras la Policía Nacional lo entregó al Ministerio Público y sustituyó al comandante del Departamento Operativo de Santo Domingo Oeste. Pero para los presentes, esas decisiones no cancelan la pregunta de fondo sobre cómo un operativo terminó con un joven muerto y por qué la respuesta institucional vuelve a llegar empujada por la evidencia y la presión social.
Allegados describieron a Darlin Mercado como un joven trabajador que colaboraba con su padre en una empresa de luminotecnia y reclamaron que la investigación avance con transparencia. El entierro, más que un cierre, dejó abierto un expediente de responsabilidad pública: justicia para la víctima, vigilancia de la sociedad civil sobre el proceso y nuevas exigencias para que el poder explique por qué los anuncios y condenas oficiales no evitaron otro desenlace fatal.