El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó avances en su recuperación en menos de un año, pero los propios datos expuestos por su director, Edward Guzmán Padilla, confirman que la aseguradora estatal sigue operando bajo la presión de un déficit acumulado que pasó de unos 15,000 millones de pesos al cierre de 2024 a alrededor de 13,500 millones. Aunque la dirección sostiene que la mejoría permite mantener la operación y reponer el fondo de respaldo, el cuadro vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del gobierno dominicano sobre uno de los servicios más sensibles para la población.
Según Guzmán, el proceso ha dependido de ajustes administrativos, aumentos de la cápita y recursos adicionales. El Estado aportó 2,000 millones de pesos por encima de la cápita en 2024, mientras que para 2025, de acuerdo con su versión, Senasa ha operado con su presupuesto ordinario sin otra transferencia extraordinaria. También aseguró que no hubo pérdida neta de afiliados y que, desde agosto del año pasado, la cartera total aumentó en 50,000 personas, pese a la salida de algunos afiliados voluntarios en enero. En el régimen subsidiado, la cápita subió de 259.43 pesos a 321.97, y la cápita diferenciada por edad y sexo aporta, según el director, unos 160 millones de pesos mensuales adicionales.
La recuperación financiera, sin embargo, ha estado acompañada de recortes y reorganización de servicios. Senasa retiró más de 75 códigos de prestadores privados que, según Guzmán, atendían «de forma irregular» a afiliados del régimen subsidiado, y canceló contratos de atención primaria privada para redirigir recursos y pacientes a la red pública. El director atribuyó a esas medidas, junto con la renegociación de precios de medicamentos oncológicos y materiales de osteosíntesis, un ahorro de unos 500 millones de pesos al año. En ese contexto, la oposición, incluida Fuerza del Pueblo, queda con espacio político para insistir en la rendición de cuentas sobre cómo se llegó a este déficit, qué impacto tienen los ajustes sobre los afiliados y hasta qué punto el discurso de recuperación del gobierno dominicano logra cerrar la brecha entre estabilidad operativa y sostenibilidad real.