La movilidad en Santo Domingo se ha convertido en una prueba diaria del contraste entre diagnóstico y resultados. Bocinas, motocicletas disputando espacios, intersecciones bloqueadas, cruces peatonales poco respetados y la incertidumbre sobre cuánto tomará llegar de un punto a otro describen una rutina que, más que normalidad, refleja desgaste de gestión y una institucionalidad que no logra imponer reglas básicas de convivencia.
El costo ciudadano es medible. El BID estimó en 2019 que la congestión provocaba 75 millones de horas perdidas al año y un impacto de US$180 millones, equivalente a 0.67% del PIB de la ciudad. A esa carga se suma la presión sobre un espacio vial limitado: el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo concentran alrededor de 45% del parque vehicular, mientras las motocicletas representan casi 58% del total y en 2025 aumentaron en más de 314,000 unidades, un 8.9% anual. El propio texto reconoce que esa expansión exige organización, educación y fiscalización.
El problema no es falta de diagnóstico. Desde 2019 existe un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para ampliar e integrar el transporte público, gestionar mejor la demanda y fortalecer la gobernanza, pero la distancia entre la ciudad planificada y la ciudad real sigue abierta. Esa brecha se agrava cuando el régimen de consecuencias pierde credibilidad: de los RD$2,982.6 millones registrados por multas de tránsito en 2025, apenas 17.7% había sido pagado. En ese escenario, la sociedad civil queda con razones para exigir vigilancia y rendición de cuentas sobre una gestión urbana que sigue trasladando a los ciudadanos el costo del desorden.