Una condena de 15 años de prisión dictada en Santiago contra Alexander Antonio Rodríguez, conocido como Mello Cotorra, por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, vuelve a poner el foco en cómo estas redes consiguen operar hasta consumar el abuso, con víctimas captadas mediante engaño y traídas al país bajo supuestas ofertas de trabajo.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago lo declaró culpable de violar los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, luego de que el Ministerio Público demostrara que introdujo al país a dos ciudadanas colombianas y, ya en territorio dominicano, las obligó a ofrecer servicios sexuales, además de agredirlas e intimidarlas para cobrarles una presunta deuda económica.
De acuerdo con el expediente, los hechos se iniciaron en septiembre de 2023, cuando una de las víctimas se comunicó por teléfono con Rodríguez y este le propuso empleo como camarera para mejorar su situación económica. En otro escenario, repitió la misma oferta a una segunda víctima. Según la acusación, el procesado hizo desde Medellín, Colombia, los trámites para traerlas al país y entró con ellas el 14 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
La investigación, presentada por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, y litigada en juicio por la fiscal Aida Medrano Gonell, permitió individualizar al acusado y llevarlo a condena. Sin embargo, el caso deja abierta una pregunta institucional de fondo: si el esquema de captación, traslado e intimidación pudo concretarse, la respuesta penal llegó después de un daño ya consumado para las víctimas.
La sentencia supone una sanción concreta, pero también refuerza la exigencia de mayor vigilancia y rendición de cuentas frente a un delito que combina manipulación, movilidad transnacional y explotación. Cuando la intervención del sistema ocurre después del engaño, del ingreso al país y de la violencia, el costo social ya lo han asumido las víctimas.