La atención a los trastornos mentales sigue mostrando una brecha crítica entre el discurso oficial y la realidad del sistema. Aunque el Servicio Nacional de Salud ha expandido la red pública a más de 440 camas en unidades de intervención en crisis, el propio cuadro descrito por expertos confirma que la transformación de fondo sigue pendiente en un problema que ya se presenta como desafío constitucional y de salud pública.
Las limitaciones financieras aparecen en el centro de esa deuda. Apenas el 0.73 % del presupuesto de salud se destina a esta área, mientras el Plan Básico de Salud no cubre medicamentos ni tratamientos de salud mental y las ARS apenas asumen una o dos consultas al año. El resultado, según el texto, es que pacientes que necesitan atención continua o fármacos de alto costo quedan desamparados, en un escenario donde las consultas privadas resultan muy caras.
A ese rezago se suman la escasez de especialistas y el estigma social, factores que golpean con más fuerza a jóvenes y adultos mayores. Colectivos civiles y expertos han reiterado la urgencia de reformar la ley de seguridad social, en una advertencia que refuerza la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas sobre por qué la salud mental sigue tratándose como un lujo inaccesible. La psicóloga y docente de la UASD María Esther Camacho calificó de alarmantes los suicidios y advirtió que los aspectos económicos y la historia influyen, al punto de que una deuda puede llevar a una persona al suicidio.