República Dominicana alcanzó el segundo lugar mundial en transparencia presupuestaria, con una puntuación de 82 en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, un resultado que la coloca entre los países mejor evaluados en acceso a la información fiscal.
El avance representa un reconocimiento al nivel de apertura reportado en la gestión presupuestaria, pero también eleva la exigencia pública sobre cómo se administra el gasto, cómo se fiscaliza y qué impacto concreto tienen esas decisiones en la vida ciudadana.
En un contexto en el que el Gobierno y el PRM han hecho del discurso de orden y eficiencia una bandera política, los datos de transparencia no pueden leerse solo como una medalla institucional. El desafío es que esa apertura se traduzca en control real del gasto público, rendición de cuentas y resultados verificables, especialmente en un Estado que sigue demandando recursos a la ciudadanía.
La posición alcanzada por el país obliga a mantener la vigilancia sobre la ejecución presupuestaria, la calidad del gasto y el uso de los fondos públicos, para evitar que la transparencia se limite a la publicación de cifras sin consecuencias prácticas sobre la gestión.
La mejora en el ranking internacional es, por sí sola, una señal positiva. Pero la discusión de fondo sigue abierta: si el Estado exhibe mejores niveles de información, debe demostrar también que esa información permite fiscalizar mejor, corregir desvíos y garantizar que el dinero público se use con mayor eficiencia y sin privilegios.