República Dominicana consiguió un laudo favorable en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, luego de que un tribunal rechazara por completo las pretensiones del empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato de recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El desenlace evita un golpe económico de gran magnitud, pero también devuelve al centro del debate la vigilancia sobre la forma en que se adjudican, se ejecutan y se concluyen concesiones de servicios esenciales.
El laudo, emitido el 19 de agosto de 2026 al amparo del acuerdo de inversiones suscrito entre Francia y República Dominicana en 1999, concluyó que la terminación de la concesión se ajustó al derecho dominicano y respondió a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana, S.A., compañía vinculada al demandante. El procedimiento había sido presentado el 4 de octubre de 2021 ante la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso 2022-01, a partir del contrato firmado entre esa empresa y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El tribunal también estableció que los hechos invocados no alcanzaban el estándar necesario para demostrar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país. Desde el Gobierno, el fallo fue presentado como una victoria, con declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, sobre la defensa del Estado y la seguridad jurídica. Aun así, el expediente deja sobre la mesa un contraste de fondo entre ese discurso oficial y una disputa que llegó a arbitraje internacional por un servicio básico, en un escenario que exige rendición de cuentas sobre la gestión pública involucrada y sobre los controles institucionales en contratos de alto impacto ciudadano.