La realización en Santiago del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE), en el marco de la visita de tres días del presidente Luis Abinader, vuelve a colocar sobre la mesa una carencia de gestión: levantar información no equivale a resolver los problemas urbanos que ya presionan a la ciudad. La iniciativa pública recolectará datos sobre la dinámica constructiva de 218 barrios, con auspicio del Ministerio de Hacienda y Economía y la Oficina Nacional de Estadística.
El propio planteamiento del registro advierte sus límites si queda reducido a un “inventario estadístico”. El texto subraya que la información debería conectarse con instrumentos formales de planificación y abarcar variables como crecimiento de la huella urbana edificada, servicios de agua y saneamiento, drenaje pluvial, áreas verdes, tamaño de solares edificables y microzonificación sísmica del suelo. Ese contraste entre anuncio y ejecución abre una alerta institucional: sin esa articulación, el dato pierde valor frente a problemas concretos de densidad, movilidad, riesgos, vialidades y economía urbana.
La premisa es clara: conocer el territorio sirve para anticipar transformaciones, identificar expansión urbana, concentración de inversiones, cambios de densidad, nuevas centralidades, presión sobre infraestructuras, déficit de equipamientos y expansión periférica. Pero esa misma necesidad deja en evidencia el desgaste de una gestión que todavía presenta como avance lo que el propio texto define apenas como condición previa para ordenar la ciudad. En medio del discurso de culminación de obras, el reto sigue siendo convertir la información en resultados verificables para Santiago y en rendición de cuentas sobre cómo se planifica su crecimiento.