La discusión sobre la reforma de competencia en República Dominicana deja al descubierto una falla de diseño que exige vigilancia institucional. El anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica introduce la clemencia como vía para eximir multas a quien denuncie un cártel ante la autoridad de competencia, pero esa novedad coincide con la entrada en vigor, el próximo 5 de noviembre, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal. El resultado, según plantea el texto, es una respuesta menos clara para las empresas y un punto crítico que todavía no ha sido resuelto.
El propio examen inter-pares de la OCDE y el BID había señalado dos tareas pendientes: que el país no contaba con una política de clemencia contra los cárteles y que las disposiciones penales vigentes debían aplicarse de forma efectiva. El anteproyecto atiende la primera recomendación y el nuevo Código Penal refuerza la segunda, pero el problema pasa ahora por la falta de articulación entre ambas. Ese contraste entre avance normativo y coordinación incompleta coloca el foco en la rendición de cuentas sobre cómo se implementará una reforma que, sin reglas claras, puede perder eficacia en un tema sensible para la transparencia económica.
El texto recuerda que las autoridades de competencia consideran la clemencia como la herramienta más eficaz contra los cárteles, precisamente porque rompe la confianza entre sus integrantes y facilita su desestabilización. Pero también advierte que su efectividad plena depende de que el marco legal no envíe señales contradictorias. En un terreno donde se cruzan control institucional, sanción penal y combate a prácticas que afectan la libre y leal competencia, la reforma queda presentada menos como una tarea cerrada que como una prueba de gestión y de resultados todavía bajo escrutinio.