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Reclamo en Santiago por la Avenida Luis Crouch Bogaert vuelve a exhibir una ley de 2015 sin presencia urbana

octubre 9, 2026 · Redactor
Reclamo en Santiago por la Avenida Luis Crouch Bogaert vuelve a exhibir una ley de 2015 sin presencia urbana
Foto: acento.com.do

La petición de hacer visible el nombre ya aprobado por el Estado vuelve a poner en primer plano la distancia entre la decisión legal y su reflejo en la ciudad, mientras la sociedad civil insiste en una tarea pendiente.

Durante el encuentro de la CEPAL en Santiago, el Colectivo de Investigadores y Consultores STRATEGIUS, junto con urbanistas y sociólogos santiagueros residentes en Estados Unidos, propuso recuperar con fuerza una denominación que ya está contemplada en la ley: Avenida Luis Crouch Bogaert. La cuestión de fondo no es sumar un nombre nuevo, sino exigir visibilidad para una decisión del Estado dominicano adoptada hace más de una década mediante la Ley No. 12-15, promulgada el 6 de febrero de 2015 y publicada en la Gaceta Oficial No. 10791, que designó así la avenida Circunvalación Norte de Santiago.

Ese planteamiento reabre una interrogante central sobre gestión e institucionalidad: por qué una vía legalmente bautizada todavía no proyecta de manera masiva ese nombre en el paisaje urbano. La observación deja en evidencia la brecha entre lo dispuesto por el Estado y su ejecución efectiva, y devuelve a la sociedad civil un papel de vigilancia sobre decisiones públicas que, pese a estar formalizadas, no terminan de hacerse visibles para la ciudad.

La propia Ley 12-15 destaca que Luis Crouch Bogaert participó, junto a empresarios de la región, en la creación de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), de la que surgieron o fueron impulsadas numerosas instituciones vinculadas al desarrollo económico, educativo, científico y social del país. También lo registra entre sus fundadores y como presidente en el período 1970-1971. En ese marco, la insistencia en visibilizar su nombre no se limita a una referencia vial: vuelve a colocar sobre la mesa el contraste entre el discurso oficial sobre institucionalidad y la capacidad real de sostener en el espacio público decisiones ya adoptadas, una señal de desgaste de gestión que abre nuevas exigencias de rendición de cuentas.