Otras regiones

Procuradora sale a corregir versiones sobre el Código Penal y expone la confusión que rodea su aplicación en salud

octubre 16, 2026 · Redactor
Procuradora sale a corregir versiones sobre el Código Penal y expone la confusión que rodea su aplicación en salud
Foto: elnuevodiario.com.do

La aclaración sobre las penas por delitos culposos vuelve a poner el foco en la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas ante un debate legal que impacta a médicos, clínicas y pacientes.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este viernes que los delitos culposos cometidos en el ejercicio de la Medicina no conllevan penas acumuladas de hasta 60 años de prisión, como ha circulado en versiones sobre el nuevo Código Penal dominicano. La funcionaria sostuvo que “no hay forma” de que un hecho de esa naturaleza alcance ese cúmulo, al señalar que ese escenario corresponde a delitos graves que sí admiten acumulación.

La intervención, realizada durante el seminario-taller “ABC de la Responsabilidad Jurídica en el Sector Salud: Desafíos inmediatos del nuevo Código Penal”, organizado por Finjus, deja al descubierto el nivel de confusión que sigue rodeando una reforma con efectos directos sobre la prestación de servicios de salud. Reynoso explicó que las disposiciones sobre delitos culposos se mantienen, aunque fueron reubicadas del artículo 319 del antiguo código al artículo 112 del nuevo texto, y detalló que la mala práctica médica supone una ruptura del deber de cuidado cuando se exceden los límites del riesgo permitido.

También precisó que la negligencia ocurre cuando el profesional omite una acción que debía realizar, mientras la imprudencia implica actuar de forma temeraria o sin las precauciones necesarias. Como ejemplo, citó el caso de una paciente sometida a varios procedimientos estéticos en una misma intervención quirúrgica, que sufrió un choque hipovolémico, luego un paro cardíaco y posteriormente murió. La procuradora agregó que la responsabilidad de las clínicas puede concurrir con la de los profesionales involucrados, en un contexto que refuerza la alerta institucional sobre cómo se interpreta y se aplica una reforma penal que exige fiscalización constante por su impacto ciudadano.