La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reconoció este miércoles que el narcotráfico se adentró “hasta el tuétano” en el Poder Judicial y en la Policía, una declaración que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta del Estado ante el principal problema de seguridad que enfrenta el país.
Fernández anunció la rotación de oficiales de policía para evitar que se arraiguen en las comunidades y establezcan vínculos con grupos criminales. También planteó que sería “bonito” que el Poder Judicial aplicara una medida similar con jueces y fiscales. Su señalamiento se produce después de que en los últimos meses salieran a la luz casos de policías, jueces y fiscales aparentemente involucrados con el narcotráfico y de acciones que habrían buscado favorecer a esas estructuras.
La mandataria ya había hecho pronunciamientos similares, que provocaron el rechazo de magistrados en medio de las críticas constantes del Gobierno contra el Poder Judicial y funcionarios como Orlando Aguirre, Patricia Zamora y Carlo Díaz. En un contexto de elevadas cifras de homicidios vinculadas al narcotráfico, la admisión pública del problema refuerza la exigencia de vigilancia institucional y de respuestas que vayan más allá del discurso, por el costo social que la expansión de estas redes impone sobre la seguridad ciudadana.