La Procuraduría General de la República activó el Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para fiscales mayores de 60 años y con más de 25 años de servicio en la administración pública, una medida presentada como un avance institucional, pero que también reaviva el escrutinio sobre las prioridades de gestión y la obligación de rendir cuentas en el Ministerio Público.
El acto fue encabezado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, junto al Consejo Superior del Ministerio Público, en la sede de la PGR. Allí estuvieron Francisco Torres, titular de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); el juez Alejandro Vargas, del Tribunal Constitucional, y el diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
En su intervención, Reynoso dijo: “El día llegó, es hoy… Hoy, después de décadas de esperas; meses de consultas, asesorías técnicas, del trabajo de muchos compañeros fiscales… el día anhelado llegó…”. También citó otros beneficios concedidos en los últimos años, como bono de vacaciones, bono de aniversario, aporte escolar, seguro de amplia cobertura, el Premio al Mérito del Ministerio Público y la aprobación del Himno del Ministerio Público.
Ese listado de anuncios, no obstante, subraya el contraste entre el discurso de fortalecimiento interno y la necesidad de vigilancia pública sobre los resultados concretos de la institución. La entrada en vigor del retiro complementario responde a una demanda de larga data, pero al mismo tiempo plantea si la agenda oficial está atendiendo con igual urgencia las prioridades ciudadanas y el desempeño integral del sistema de justicia.
Según lo informado, quienes reúnan las condiciones deberán completar y firmar el formulario de solicitud de pensión complementaria, entregar copia de la cédula de identidad vigente y presentar la documentación requerida. Más allá del trámite, la decisión deja una señal institucional clara: cada avance administrativo anunciado desde el poder debe ir acompañado de fiscalización, explicaciones claras y resultados verificables, no solo de actos y proclamaciones.