La medida de coerción contra diez imputados vinculados a la presunta red desmantelada en la operación XL526 fue aplazada nuevamente hasta el miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana, en una demora adicional que deja sin resolución un proceso ya afectado por dos suspensiones anteriores y una interrupción en audiencia. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, explicó que la suspensión obedeció a la carga laboral del tribunal y a las limitaciones de una sala que funciona en jornadas matutinas y vespertinas.
En la sesión, el Ministerio Público terminó de presentar su solicitud de coerción, mientras los abogados de la defensa continuaron poniendo en duda la consistencia de las pruebas. Elvin Domínguez dijo ante el tribunal que el expediente no incluye víctimas plenamente identificadas y afirmó: “No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”. Además, cuestionó evidencias levantadas en allanamientos realizados en 2024, al sostener que algunos elementos habrían sido incorporados de nuevo a la investigación actual.
A esos planteamientos se añadió José Reinoso, quien señaló que parte de la acusación descansa en copias de poderes notariales provenientes de Estados Unidos, sin que se hayan depositado documentos originales que permitan establecer una relación. El nuevo aplazamiento, unido a los cuestionamientos de la defensa, vuelve a centrar la atención sobre la necesidad de que el proceso avance con mayor solidez y sin más demoras en un caso de alto interés público.