La muerte de una niña de 11 años por ahogamiento en la piscina de un centro recreativo del sector 40, en Vicente Noble, Barahona, volvió a poner bajo la lupa las condiciones de vigilancia y control con que operan espacios abiertos al público, donde el pago de una entrada no sustituye la responsabilidad sobre la seguridad de los menores.
Yoselina Simón Char, de nacionalidad haitiana, estaba en el lugar solo con su hermano de ocho años. De acuerdo con el diagnóstico del médico legista y del representante del Ministerio Público actuante, la menor falleció por asfixia por sumersión.
Las indagatorias preliminares indican que ambos niños accedieron al establecimiento tras pagar la cuota de entrada, sin la compañía de sus padres ni de un tutor responsable. Ese dato, lejos de cerrar las dudas, refuerza las interrogantes sobre los protocolos reales de supervisión dentro del centro recreativo y sobre cómo se permitió el acceso de dos menores, sin acompañamiento, a un área de riesgo evidente.
En el marco de la investigación, las autoridades mantienen detenidos al administrador del centro, Darío Vallejo Matos, y al propietario, Pablo Méndez Medina, para establecer en qué circunstancias ocurrió el hecho. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia correspondiente.
Más allá del proceso en curso, el caso deja un resultado imposible de maquillar: una menor murió en un establecimiento que recibía público. La investigación deberá fijar responsabilidades concretas, pero la tragedia ya reactiva una alerta institucional sobre la fiscalización efectiva de estos espacios y sobre la distancia entre la operación permitida y la protección que las familias esperan cuando un centro recreativo cobra por acceso.