El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cerró su testimonio en el juicio por corrupción con un ataque directo a la Fiscalía, en una audiencia que vuelve a colocar el foco en la solidez institucional del caso y en la exigencia de que las reglas se apliquen por igual para todos.
Durante su declaración, Netanyahu negó los cargos en su contra, aseguró que es víctima de una persecución política e insistió en su inocencia. Sin embargo, el proceso judicial continúa abierto y lo mantiene enfrentando acusaciones por fraude, soborno y abuso de confianza.
Más allá del cruce entre el mandatario y la acusación, el expediente expone un debate de fondo sobre la confianza pública en las instituciones: cuando un jefe de gobierno cuestiona a la Fiscalía en el marco de un juicio por corrupción, el interés central no es solo su defensa personal, sino la credibilidad del sistema que debe juzgarlo.
El caso sigue en pie mientras avanza el proceso, en una coyuntura en la que la presión política y la disputa narrativa no sustituyen la obligación de que la justicia opere con las mismas reglas para todos, sin privilegios ni excepciones.