El Gobierno de Argentina abrió este viernes procedimientos sancionatorios contra 45 empresas e individuos por su presunta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una decisión comunicada por la Oficina del Presidente y ejecutada por la Cancillería por instrucciones de Javier Milei. La medida alcanza no solo a las compañías directamente vinculadas a la actividad petrolera, sino también a accionistas y empresas proveedoras de servicios que hayan contribuido a esas operaciones.
La Presidencia argentina presentó la acción como un refuerzo del reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, y sostuvo que la extracción de recursos naturales constituye un nuevo avance de la ocupación británica. También enmarcó las sanciones como un acto de justicia por quienes combatieron y murieron en la guerra de 1982, además de un mensaje a la comunidad internacional sobre que Argentina no renunciará a su reclamación.
El endurecimiento confirma advertencias previas de Milei, pero al mismo tiempo desplaza el foco hacia una nueva fase de fiscalización y control sobre actores privados en un conflicto de larga data que sigue abierto. Con la ampliación de las investigaciones, la decisión oficial eleva la presión institucional y deja planteada una exigencia de rendición de cuentas sobre el alcance efectivo de esta estrategia más allá del discurso político.