La Dirección General de Migración retiró 56,140 impedimentos de salida y alertas migratorias luego de una depuración solicitada por la Procuraduría General de la República, en un proceso que dejó al descubierto registros sin sustento judicial, casos ya concluidos y errores administrativos que seguían limitando el derecho al libre tránsito.
La medida fue dispuesta por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, mediante una solicitud al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, para levantar restricciones sin base legal, registros históricos no individualizados o medidas que ya habían cumplido su propósito. Según la PGR, la revisión tomó más de seis meses de trabajo de una mesa técnica entre el Ministerio Público y Migración sobre datos acumulados desde 1990.
Aunque ambas instituciones presentan la decisión como una corrección institucional, el volumen de restricciones retiradas coloca el foco en la magnitud de las fallas que permanecieron activas durante años sobre derechos fundamentales. La depuración seguirá en curso y las entidades trabajan en un sistema de interoperabilidad para colocar y levantar estas medidas, con entrada prevista para diciembre de 2026, un paso que refuerza la necesidad de fiscalización y de explicaciones públicas sobre cómo se permitió la permanencia de registros irregulares por tanto tiempo.