La Operación Onco14, desarrollada en Santiago como extensión de la Operación Cobra, volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos y servicios ligados a SeNaSa. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en el Instituto Oncológico Regional Cibao (IORC) habría operado un esquema atribuido a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasires Guzmán y Dilcia Vargas Sánchez, en el que dosis de medicamentos de alto costo se cobraban completas al seguro, aunque luego eran retenidas o entregadas parcialmente a los pacientes.
La investigación plantea además que, después del relevo administrativo en el centro, aparecieron almacenes con medicamentos de alto costo valorados en más de RD$3 millones y que habrían sido retenidos de manera deliberada. El documento afirma que esos fármacos no se entregaban porque, al tratarse de donaciones o asignaciones directas, no generaban el margen de ganancia ni las facturaciones alteradas remitidas a SeNaSa, una práctica que agrava el daño sobre pacientes dependientes de esos tratamientos.
El expediente también atribuye al grupo otras irregularidades, entre ellas la asignación de gastos de representación de cientos de miles de pesos libres de impuestos por funciones que debían ser honoríficas. En el caso de Lora Cruceta, se menciona una asignación mensual de RD$600,000 por ese concepto. Las autoridades vinculan el caso a un perjuicio preliminar estimado entre RD$6,000 y RD$15,000 millones en la trama revelada por la Operación Cobra, lo que reaviva la presión por rendición de cuentas y vigilancia efectiva sobre instituciones que administran recursos esenciales de salud.