La polémica por la licencia de conducir para envejecientes regresó al centro de la discusión sobre cómo el Estado aplica controles que impactan de forma directa a los ciudadanos. A raíz de un caso ocurrido en una oficina del Intrant, el texto recoge la inconformidad de un conductor que, luego de renovar su documento por dos años, cuestionó la limitación y alegó una violación constitucional por supuesta discriminación por edad.
La reducción de la vigencia para mayores de 65 años no es reciente: está establecida en el decreto-reglamento 6-19, emitido por el entonces presidente Danilo Medina. En las categorías 01, 02 y 05, la validez desciende a dos años, mientras que en las profesionales 03 y 04 pasa a un año, bajo el argumento de mantener una evaluación constante de las condiciones de salud con fines de seguridad vial.
Si bien el texto presenta la medida como una decisión basada en lógica científica y recuerda que en otros países existen restricciones parecidas, el episodio narrado también deja abierta una pregunta de fondo: no solo importa la norma, sino también cómo se aplica. En un asunto tan sensible como la movilidad y la seguridad vial, el debate vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de vigilancia institucional, criterios claros y explicaciones suficientes para evitar que controles legítimos terminen percibiéndose como arbitrariedad o maltrato ciudadano.