La disposición del INTRANT que pretendía volver obligatorio el uso de casco para los pasajeros de motoconchos terminó convertida en una señal de desorden institucional. Aunque la medida fue presentada como un avance en materia de seguridad vial, su puesta en práctica provocó rechazo entre motoconchistas y acabó en un desmentido del director, dejando al descubierto la distancia entre lo que se anuncia y lo que realmente puede ejecutarse.
La Normativa Técnica Núm. 001-2025 partía de un objetivo atendible en un escenario donde los accidentes de tránsito involucran con frecuencia a motocicletas y tanto conductor como acompañante quedan expuestos a traumatismos craneoencefálicos. Sin embargo, el problema apareció al llevar la decisión al plano real: aunque el texto no establecía de manera expresa que el motoconchista debía comprar un casco adicional, la consecuencia práctica apuntaba a que la presión recaería sobre quien presta el servicio, no sobre el pasajero.
A esa confusión se añadió una omisión básica sobre las condiciones cotidianas del transporte. El uso compartido de cascos por decenas de pasajeros en un entorno de altas temperaturas y humedad abría un problema de higiene y logística que la normativa no resolvía. El episodio, más que un simple fallo de comunicación, vuelve a poner bajo escrutinio la gestión pública del transporte y la falta de respuestas consistentes ante un sistema que sigue mostrando señales de colapso.