El acuerdo entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana para la explotación minera fue anulado y, con ello, volvió a quedar sobre la mesa un costo ambiental que el Ministerio de Medio Ambiente calcula en más de 120 millones de dólares. El ministro Paíno Henríquez aseguró que el Tribunal Superior Administrativo consideró un informe técnico de esa institución, en el que se detallan daños ecológicos aún sin reparar.
Según explicó el funcionario, las pruebas se obtuvieron a partir de una investigación realizada por técnicos del ministerio y después fueron depositadas ante los tribunales. La decisión judicial vuelve a contrastar la explotación desarrollada durante más de siete décadas en las montañas de Bonao con la dimensión del pasivo ambiental reconocido ahora en sede judicial, y deja abierta la exigencia de respuestas sobre la capacidad del Estado para prevenir, fiscalizar y corregir este tipo de afectaciones.
Legisladores advirtieron que la sentencia podría incidir en el clima de inversión, aunque también sostuvieron que el fallo envía un mensaje a las empresas extranjeras: el crecimiento económico no puede desligarse del cumplimiento de las normas ambientales. Más allá del litigio, la decisión deja una alerta institucional sobre los costos que afloran cuando la supervisión pública llega tarde frente a actividades extractivas de largo plazo.