La decisión del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de enviar a juicio a Oscar Eduardo Franco Alcántara por el ataque con ácido contra su expareja en Cristo Rey vuelve a encender una alarma que trasciende el expediente: la violencia extrema contra las mujeres sigue dejando un costo social devastador y obliga a medir a las instituciones por resultados, no por discurso.
De acuerdo con la acusación acogida por el tribunal, el hecho ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando el imputado interceptó a la víctima en la avenida Nicolás de Ovando, esquina calle 41, y le arrojó un líquido corrosivo conocido como “plomerito” o “ácido del diablo”. El informe médico citado en el expediente consigna quemaduras de primer, segundo y tercer grado en el 24 % de la superficie corporal.
El Ministerio Público afirma que reunió pruebas suficientes para llevar el caso a juicio de fondo: testimonios, informes médicos, fotografías, videos del ataque y de la huida, además de mensajes amenazantes y llamadas realizadas por el acusado horas antes de la agresión. La investigación fue dirigida por la fiscal Johanna Taveras; en la audiencia preliminar litigó Rut Esther Hicks, y la jueza Rosalmy Nikaurys Guerrero Rodríguez dictó el auto de apertura a juicio.
La calificación jurídica presentada incluye los artículos 303 y 303-4, numerales 7 y 10, del Código Penal Dominicano, así como el artículo 75, párrafo I, de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Sin embargo, el peso del caso no se agota en la tipificación: el expediente describe amenazas previas y evidencia audiovisual, un contraste que vuelve inevitable la exigencia de fiscalización sobre la capacidad del Estado para prevenir, proteger y responder a tiempo ante señales de riesgo tan graves.
En un escenario en el que el gobierno dominicano insiste en proyectar gestión y control, procesos como este recuerdan que la prioridad ciudadana sigue estando en la seguridad y en la eficacia institucional. La apertura a juicio representa un paso judicial relevante, pero también deja una advertencia política: frente a hechos de esta magnitud, la rendición de cuentas no puede quedarse en trámite ni en narrativa oficial.