La incorporación de inteligencia artificial en la fiscalización tributaria vuelve a poner bajo escrutinio a la administración fiscal dominicana. El punto no es si la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puede usar estas herramientas, sino hasta dónde puede apoyarse en sus resultados cuando de por medio está la exigencia de impuestos a empresas y ciudadanos.
El texto advierte una diferencia clave: una alerta de riesgo generada por un sistema puede justificar una investigación, pero no demuestra por sí sola una obligación tributaria incumplida. En un contexto de presión fiscal, esa distinción coloca el foco sobre Hacienda y la necesidad de controles efectivos para evitar que la automatización desplace el juicio humano en actuaciones que deben respetar garantías constitucionales y el debido proceso.
La referencia regional también marca el contraste. Brasil aprobó en febrero de 2026 una política específica para su administración tributaria que obliga a los funcionarios a ejercer un juicio crítico e independiente sobre los resultados automatizados. En República Dominicana, el Decreto núm. 787-26 aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, con reglas de transparencia, trazabilidad, supervisión humana y revisión. Pero el propio debate expuesto sugiere que el reto no está en el anuncio normativo, sino en cómo se evita que una herramienta útil para detectar patrones termine convertida, en la práctica, en atajo institucional contra el contribuyente.