El sector salud acudió al Congreso Nacional con un reclamo que coloca bajo fiscalización el alcance del nuevo Código Penal: médicos, clínicas y gremios profesionales pidieron modificar el régimen de responsabilidad penal médica al considerar que la Ley núm. 74-25 no distingue con claridad entre negligencia punible y errores involuntarios o complicaciones científicas inevitables.
El frente unificado, integrado entre otros por el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Cirujanos, gremios de enfermería y el Colegio de Odontólogos, planteó propuestas de reforma para reservar la vía penal a casos de dolo, abandono deliberado del paciente o negligencia temeraria manifiesta. Para los errores humanos cometidos de buena fe, propusieron que la responsabilidad se tramite por la vía civil mediante indemnizaciones pecuniarias.
Los profesionales sostienen que la redacción vigente criminaliza la práctica médica y empuja la llamada medicina defensiva, con un costo directo sobre los servicios: según advirtió el gremio de cirujanos, esa dinámica encarece la atención y ralentiza decisiones en emergencias y quirófanos. También solicitaron que cualquier acción penal del Ministerio Público dependa de un dictamen técnico previo de médicos-legistas independientes, mientras el Colegio de Odontólogos pidió excluir de la persecución el uso legítimo de anestésicos y sedantes esenciales para la práctica.