Legisladores de la Fuerza del Pueblo que integran la comisión bicameral encargada de estudiar el proyecto de Código Penal advirtieron este viernes sobre el peligro de impulsar una revisión acelerada de una norma con incidencia directa en el sistema de justicia y en derechos fundamentales. Al mismo tiempo, anunciaron que propondrán extender el período de análisis y habilitar espacios de participación para las organizaciones e instituciones que presentaron observaciones.
La bancada opositora objetó que las observaciones enviadas por distintos sectores pretendan conocerse de forma “expresa y festinada”, lo que vuelve a poner bajo escrutinio la manera en que se desarrolla una discusión sensible para el país. De acuerdo con sus explicaciones, la comisión recibió propuestas de 84 organizaciones, ciudadanos e instituciones, por lo que consideran necesario un examen técnico y jurídico que no puede resolverse en pocas horas sin exponer el proceso a contradicciones y reparos constitucionales.
“Resulta preocupante que se pretenda conocer estas observaciones de manera expresa y festinada, en apenas horas, sin agotar una discusión detallada de su contenido ni de las motivaciones que las sustentan. El país no puede permitirse volver a enfrentar controversias jurídicas, recursos de inconstitucionalidad o inconsistencias normativas derivadas de un proceso legislativo apresurado”, señalaron los congresistas, según un comunicado.
Los representantes de la Fuerza del Pueblo dijeron que llevarán formalmente a la comisión bicameral la propuesta de ampliar el plazo de estudio para asegurar una evaluación técnica, jurídica y constitucional de las recomendaciones recibidas. También plantearán vistas públicas para que las organizaciones e instituciones consultadas expongan sus argumentos ante los miembros de la comisión.
Como opción, sugirieron convocar a representantes de esas entidades a reuniones de trabajo con la comisión si no se celebran vistas públicas. Con esa postura, la oposición centra la atención en una demanda de rendición de cuentas y vigilancia institucional sobre un proceso legislativo que, si se cierra con premura, podría trasladar al país el costo social y jurídico de una ley mal revisada.