La denuncia pública de la familia Disla volvió a poner bajo la lupa los controles institucionales sobre la actuación militar en disputas de propiedad. De acuerdo con su planteamiento, el general de brigada Perdomo Sánchez, entonces director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana (ERD), habría intervenido en gestiones relacionadas con un intento de desalojo de personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos en controversia civil, inmobiliaria y registral.
A juicio de la familia, el episodio reviste especial gravedad porque se trata de una litis que debe ser conocida por los tribunales y por las instancias civiles competentes, en particular la Jurisdicción Inmobiliaria. Por ello, pidió al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del ERD, y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, una investigación institucional que permita establecer cómo ocurrió la presunta intervención y bajo qué fundamento.
Los Disla también plantearon interrogantes directas a las autoridades militares: quién pidió la participación del oficial, en qué condición actuó, si existía una orden judicial expresa, qué tribunal la habría emitido, quién dio instrucciones, qué documentos fueron aportados y cuál era la base legal para recurrir a personal militar en una controversia sobre terrenos registrados. La familia sostuvo que esas preguntas no persiguen una condena anticipada, sino transparencia, investigación y respeto al Estado de derecho, al insistir en que el poder militar no puede sustituir al poder judicial.