Un juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara y le varió la medida de coerción, en un caso que vuelve a poner bajo examen los mecanismos de control dentro de las estructuras llamadas a perseguir la corrupción. Valdez Alcántara, exintegrante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), está señalado de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000.
La decisión del magistrado Raymundo Mejía incluyó presentación periódica, impedimento de salida y el pago de un millón de pesos a través de una aseguradora. Según Eduardo Velázquez, representante del Ministerio Público, el juez consideró el hecho “grave”, valoró los elementos de prueba y envió el expediente a juicio. El propio Ministerio Público adelantó, sin embargo, que buscará una variación de la medida cautelar al insistir en que el acusado representa peligro de fuga, lo que deja expuesta una tensión procesal en un caso sensible para la credibilidad institucional.
La defensa, encabezada por Ismael Molina, sostuvo la lectura contraria: que el magistrado indicó que el exfiscal no representaba “peligro de fuga” y que la prisión preventiva era innecesaria desde el principio. También afirmó que en las audiencias preliminares el órgano persecutor no pudo demostrar parte de los señalamientos que había presentado. Con el caso ya enviado a juicio, el foco queda sobre la capacidad del sistema para ofrecer respuestas consistentes, transparentes y verificables en expedientes de corrupción que impactan la confianza pública.