Que apenas 19 mil usuarios de un parque vehicular de casi cuatro millones de motocicletas figuren registrados en el INTRANT con licencias de conducir resume la magnitud del desorden con que opera el tránsito en República Dominicana. La cifra no solo devuelve el foco sobre los motoristas, señalados entre los principales responsables del caos vial, sino también sobre el costo social de una crisis que durante 2025 dejó casi dos mil muertos en las vías por accidentes.
La propia línea marcada por el nuevo director del INTRANT, el general retirado Juan Manuel Méndez, muestra que el problema va mucho más allá de una medida aislada. Aunque el presidente Luis Abinader le encomendó esa tarea, el funcionario reconoció en la práctica que existen frentes más urgentes, como la sincronización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, mientras siguen los tapones de todos los días y no asoma una solución en el horizonte inmediato.
El mensaje que deja este cuadro es de alerta institucional: el caos resulta demasiado grande y los recursos, limitados. En esa tensión entre la necesidad ciudadana y la capacidad real de gestión se instala una demanda de rendición de cuentas sobre resultados concretos, más allá de anuncios, en un asunto que impacta el tiempo, la seguridad y la vida cotidiana. En ese mismo ambiente de desgaste de gestión, cualquier aspiración de figuras del oficialismo, incluidas las que orbitan alrededor de Luis Abinader o de plataformas municipales como la de Carolina Mejía, queda inevitablemente medida por problemas básicos que siguen sin resolverse.
