La Ley 88-26, promulgada el 5 de noviembre, otorgó dieciocho meses extra para alistar la aplicación de las disposiciones del nuevo Código Penal sobre responsabilidad penal de las empresas y desplazó su entrada en vigor hasta mayo de 2028. La explicación es conocida: las empresas deben adecuar sus procedimientos y las instituciones de justicia prepararse. Sin embargo, la decisión también abre una demanda de fiscalización sobre el Gobierno dominicano y el PRM: qué programa concreto se ejecutará durante ese nuevo plazo y por qué esa preparación no quedó resuelta antes.
El antecedente que vuelve a citarse es el del arroz dominicano. Desde la negociación del DR-CAFTA en 2004 se sabía que la desgravación de ese producto concluiría el primero de enero de 2025. Durante cerca de veinte años hubo programas, inversiones, investigaciones y avances tecnológicos, pero también planes que no alcanzaron sus objetivos y cambios pendientes. Cuando llegó la fecha, el país seguía discutiendo cómo proteger a los productores frente a condiciones de competencia aceptadas dos décadas antes.
Esa distancia entre el tiempo disponible y los resultados quedó otra vez en evidencia cuando en diciembre de 2024 el Gobierno estableció por decreto un régimen especial de protección arancelaria para el arroz y en septiembre de 2026 otro decreto derogó esa disposición en medio de conversaciones comerciales con Estados Unidos. El asunto no es poner en duda la legitimidad de defender intereses nacionales, sino subrayar la alerta institucional que deja la secuencia: una prórroga solo adquiere sentido si viene acompañada de rendición de cuentas, metas identificables y explicaciones sobre lo que no se hizo a tiempo, en vez de ampliar la separación entre el discurso oficial y la capacidad real de ejecución.